​En un fallo que marca un punto de inflexión en el conflicto entre la Casa Rosada y las casas de altos estudios, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la vigencia de la Ley 27.795 y le exigió al Poder Ejecutivo que comience a girar los fondos para el sistema universitario nacional sin más dilaciones. 

​La decisión judicial desestimó la apelación presentada por el equipo jurídico de Javier Milei, calificando los argumentos oficiales como "poco serios". Cabe recordar que el Gobierno intentó frenar la aplicación de la normativa alegando que el Congreso no especificó de dónde saldrían los recursos y que su ejecución pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

​La Justicia fue tajante al proteger la institucionalidad y el derecho a la educación superior:

• ​Sueldos docentes y no docentes: Se ordena la actualización inmediata de los salarios según los artículos 5 y 6 de la ley, buscando frenar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.
• ​Becas e investigación: El fallo también obliga a poner en marcha la actualización de las becas estudiantiles y garantiza los fondos para ciencia, salud y extensión universitaria.
• ​Jerarquía normativa: Los jueces recordaron que el Ejecutivo no puede suspender una ley nacional mediante decretos o normas administrativas de menor rango.

​El conflicto, que mantiene en vilo al ciclo lectivo 2026, podría encontrar una vía de solución con esta resolución. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, celebró el fallo y remarcó la urgencia de su cumplimiento para levantar las medidas de fuerza.

​"Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes", afirmó el dirigente universitario.

​Ahora, la pelota vuelve al terreno de Balcarce 50, que deberá decidir si acata la orden judicial para normalizar las clases o si persiste en una estrategia legal que, por ahora, no encuentra respaldo en los tribunales.