​La gestión económica de Luis Caputo vuelve a quedar en el ojo de la tormenta tras revelarse una cifra escalofriante: 1.165.491 millones de pesos. Ese es el monto que, según una investigación realizada por un bloque de veinte diputados nacionales, el Ministerio de Economía habría retenido de forma irregular, a pesar de que por ley esos fondos debían ser destinados exclusivamente a la reparación y mantenimiento de las rutas de todo el país.

​El informe detalla que este dinero proviene del Impuesto a los Combustibles. Según la Ley 23.966, el 28,58% de lo recaudado por este tributo tiene un destino específico: el Sistema Vial Integrado (Sisvial). Sin embargo, mientras los surtidores no paran de aumentar y la recaudación por este impuesto voló un 378% entre 2023 y 2024, las rutas nacionales presentan un estado "detonado", convirtiéndose en trampas mortales que ya se han cobrado numerosas víctimas.

​Un "ahorro" a costa de la seguridad vial

​Para muchos analistas y legisladores, el tan festejado superávit fiscal del gobierno de Javier Milei es, en realidad, una construcción basada en el incumplimiento de obligaciones legales. El diputado Guillermo Michel, uno de los impulsores del informe, advirtió que la situación "no se sostiene más". Según el documento, Caputo no solo no giró los fondos, sino que parte de ese dinero habría sido desviado a colocaciones financieras en lugar de bachear caminos o cortar pastizales en las banquinas.

​El impacto no es solo una cuestión de seguridad, sino de economía real: las rutas intransitables encarecen el transporte de granos, productos industriales y afectan la competitividad de Argentina frente al mundo.

​Intendentes y Gobernadores en alerta

​El malestar ya cruzó la frontera de los despachos en Buenos Aires. Este martes, intendentes de diversas provincias se reunirán en la Capital Federal para unificar un reclamo formal ante la Nación. La paciencia se agotó: mientras el Gobierno Nacional exhibe números verdes, los municipios deben dar la cara ante vecinos que rompen sus vehículos o, peor aún, pierden la vida en rutas nacionales que parecen zonas de guerra.

​Incluso se especula con una cumbre de gobernadores para llevar este reclamo a la Corte Suprema, exigiendo que el Tesoro deje de "pisar" los fondos que, por ley, pertenecen a la infraestructura vial de las provincias.