La Justicia avanza en la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se habría montado un esquema de desvío millonario de fondos públicos.

El fiscal federal solicitó un total de 27 indagatorias en el marco de la causa, que apunta a funcionarios y empresarios por el direccionamiento de contrataciones de insumos médicos. 

Según la acusación, entre 2023 y 2025 se habrían realizado compras por más de $75 mil millones beneficiando a un grupo específico de proveedores, mediante un sistema que incluía posibles retornos y uso de información privilegiada.

Entre los productos bajo investigación figuran prótesis, implantes y equipamiento médico destinado a personas con discapacidad, lo que agrava el impacto del caso al tratarse de recursos dirigidos a sectores vulnerables. 

La causa también involucra a más de 20 empresarios vinculados a unas 30 empresas, mientras que ya hay varios procesados y continúan las medidas judiciales para determinar el alcance total de las responsabilidades. 

Además, se analiza el circuito financiero por posibles maniobras de lavado de dinero, en una investigación que podría escalar aún más en las próximas semanas.

El caso pone bajo la lupa el funcionamiento del organismo y genera fuerte preocupación por el manejo de fondos destinados a la atención de personas con discapacidad.