Un proyecto de ley que busca reducir el IVA a la harina de mandioca del 21% al 10,5% volvió a instalarse en la agenda política y económica, con un dato clave: su impacto fiscal sería prácticamente insignificante.
Según estimaciones oficiales, la medida implicaría un costo anual cercano a los 2,8 millones de dólares, lo que representa apenas el 0,00056% del PBI argentino proyectado para 2026. En términos locales, la rebaja significaría resignar unos 3.893 millones de pesos al año.
Para dimensionar la cifra, el contraste es contundente: la reciente baja de retenciones al sector agropecuario tuvo un costo fiscal estimado en 511 millones de dólares anuales, es decir, más de 370 veces superior.
Un reclamo histórico de MisionesLa iniciativa no es nueva. El sector productivo de Misiones viene reclamando esta medida desde hace más de una década, sin éxito en distintas gestiones nacionales.
El impulso actual llega de la mano del gobernador Hugo Passalacqua y del diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, quienes promovieron formalmente el proyecto en el Congreso.
La modificación requiere cambios en la ley de IVA para incorporar el almidón de mandioca dentro de la categoría que tributa una alícuota reducida.
Impacto en el consumo y la saludMás allá de lo productivo, uno de los argumentos centrales apunta al consumo. La harina de mandioca es un insumo clave en alimentos libres de gluten, fundamentales para personas con Enfermedad celíaca.
Actualmente, estos productos tienen precios elevados, por lo que una reducción impositiva podría aliviar el costo para miles de familias en todo el país.
Impulso a la economía regionalDesde el sector mandioquero sostienen que una menor carga impositiva también favorecería la formalización de la actividad, reduciendo la brecha entre el mercado registrado y el informal.
En Misiones, la producción primaria ya cuenta con beneficios impositivos a nivel provincial, pero el sector considera clave el acompañamiento nacional para consolidar el crecimiento.
La decisión, en manos del CongresoCon un impacto fiscal bajo, beneficios para una economía regional y un posible alivio en el costo de alimentos esenciales, el proyecto ahora deberá ser debatido a nivel nacional.
La definición final dependerá del Gobierno y del Congreso, que tendrán la última palabra sobre una medida que lleva más de diez años esperando convertirse en ley.
