El gobierno de Javier Milei decidió restringir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida que generó fuerte polémica política y cuestionamientos desde distintos sectores.

Según se informó, la decisión implicó el cierre de la sala de prensa y la suspensión de acreditaciones, lo que dejó a los trabajadores de medios sin acceso al principal ámbito de cobertura del Poder Ejecutivo. 

El detonante habría sido una denuncia por presunto “espionaje ilegal” luego de que un canal de televisión difundiera imágenes grabadas dentro del edificio gubernamental, aparentemente mediante dispositivos no autorizados. 

Desde el oficialismo justificaron la medida como una acción preventiva vinculada a la seguridad, señalando que se trató de una decisión para proteger información sensible dentro de la sede presidencial. 

Sin embargo, la reacción no tardó en llegar. Periodistas acreditados y organizaciones del sector advirtieron que se trata de un hecho grave que limita el acceso a la información pública y afecta el normal ejercicio del periodismo.

Además, referentes de la oposición cuestionaron la decisión y algunos incluso impulsaron denuncias judiciales, al considerar que podría tratarse de una vulneración a la libertad de expresión. 

El episodio se suma a una relación ya tensa entre el Gobierno nacional y los medios de comunicación, marcada por cruces, críticas públicas y restricciones en el acceso a la información desde el inicio de la gestión. 

Por el momento, no se informó cuándo se normalizará el ingreso de la prensa a la Casa Rosada, lo que mantiene abierto el conflicto y el debate sobre los límites entre seguridad y libertad de prensa en Argentina.