En una decisión clave para proteger a los sectores más vulnerables, el gobernador Hugo Passalacqua dispuso que el Estado provincial asuma el costo de los servicios de energía eléctrica y agua potable para los centros que atienden a personas con discapacidad. La medida, oficializada mediante el Decreto N.º 657, busca paliar la crítica situación financiera provocada por la falta de transferencias de fondos nacionales.

​"Hace meses que Nación no les gira los fondos y se trata de espacios de alta sensibilidad. Vamos a hacernos cargo para aliviar la carga y hacer sostenible una situación muy compleja", explicó el mandatario. Según estimaciones oficiales, el desfinanciamiento acumulado ya supera los 2.500 millones de pesos, lo que ponía en riesgo inminente la continuidad de tratamientos esenciales.

​¿Cómo funcionará el beneficio?

El nuevo régimen, que tendrá vigencia desde mayo hasta fines de 2026, cubrirá consumos de hasta 1000 kW de luz y 9 m³ de agua por mes para cada institución. Los pagos se realizarán mediante transferencias directas de la provincia a las empresas prestatarias (como EMSA o SAMSA) y a las cooperativas del interior.

​Requisitos para las instituciones

Para acceder a este subsidio extraordinario, los centros deben cumplir con ciertas condiciones:

​Contar con categorización vigente del Ministerio de Salud Pública de Misiones.

​Acreditar que al menos el 60% de sus pacientes son afiliados al IPS o beneficiarios del programa Incluir Salud.

​El domicilio del servicio debe coincidir con el de la habilitación correspondiente.

Con esta intervención, el Gobierno provincial reafirma que "las personas con discapacidad necesitan una mirada particular del Estado, desde lo humano y lo solidario", garantizando que ningún centro deba cerrar sus puertas por falta de recursos para pagar sus facturas de servicios básicos.