En un movimiento que promete redefinir el clima de negocios en la región, el gobernador Hugo Passalacqua anunció una decisión histórica: a partir del 1 de julio, la provincia de Misiones dejará de cobrar el anticipo de Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal de El Cuay y Filadelfia.

​Esta medida pone punto final a lo que diversos sectores empresariales y la oposición denominaron por años como la "aduana paralela", un sistema de cobro a cuenta vigente desde 2007 que, si bien nació para blindar la recaudación en una provincia rodeada de fronteras, se había convertido en un foco de constantes reclamos por su impacto en los costos logísticos.

​Los puntos clave del anuncio

​Cero cobros en ruta: A partir de julio, los puestos de control funcionarán exclusivamente para verificación documental. Ya no se realizarán transacciones ni cobros de impuestos en estos puntos.

​Alcance masivo: La medida beneficia al 95% del padrón de contribuyentes.

​Periodo de prueba: El nuevo esquema entrará en una fase de evaluación de doce meses para medir su impacto en la dinámica comercial.

​Recaudación vs. Competitividad

​El anuncio llega en un momento de "ajuste de cinturón" para las arcas provinciales. Durante el primer bimestre de 2026, Misiones enfrentó una caída real en su recaudación del 23,4%. A pesar de haber percibido más de $179.000 millones, la inflación y la recesión le costaron a la provincia una pérdida de poder adquisitivo superior a los $40.000 millones.

​Sin embargo, Passalacqua se mostró firme en la defensa de su modelo. Destacó que, a diferencia del panorama nacional, el padrón de empresas en Misiones creció un 10% desde diciembre de 2023, sumando 4.600 nuevos contribuyentes bajo el sistema de Convenio Multilateral.

​Un mensaje político y económico

​Con esta jugada, el Gobierno provincial busca dos objetivos claros: aliviar la carga financiera de las PyMEs y desarmar el discurso opositor sobre la presión fiscal. Según las cifras oficiales, Misiones se ubica en el puesto 13 a nivel país en carga tributaria, un dato con el que el oficialismo busca atraer nuevas inversiones en un contexto nacional de alta incertidumbre.

La apuesta es arriesgada pero estratégica: menos burocracia en las rutas para fomentar una mayor actividad económica que compense la caída de los ingresos.