Este lunes, la ciudad de Río Gallegos vuelve a ser el epicentro de una de las causas más sensibles para el sentimiento nacional. Tras un breve cuarto intermedio, el Tribunal Oral de Santa Cruz retoma las audiencias del juicio que busca determinar las responsabilidades penales detrás del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017.

​El proceso entra en una etapa de definiciones y alta tensión. En el banquillo de los acusados se encuentran los exoficiales de la Armada: Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. Los cargos que enfrentan son graves: incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes.

​El pedido clave: peritar 5 terabytes de evidencia

​Más allá de los testimonios de los 120 testigos citados, el foco de esta semana está puesto en una exigencia formal de las familias. A través del abogado y padre de una de las víctimas, Luis Tagliapietra, se ha solicitado al Tribunal que se realicen pericias exhaustivas sobre la totalidad del material probatorio.

​Se trata de aproximadamente 5 terabytes de imágenes y videos captados tras el hallazgo de la nave. Los familiares sostienen que este análisis es fundamental para entender qué pasó realmente en las profundidades del Atlántico Sur y aseguran que no se puede cerrar el proceso sin revisar cada segundo de ese material.

Mientras el debate oral avanza, el reclamo por Justicia sigue latente, no solo apuntando a la cadena de mandos militares, sino también manteniendo el interrogante sobre las responsabilidades políticas de una tragedia que marcó a fuego a toda la Argentina.