A cuatro meses del cierre de las plantas textiles de Emilio Alal en Chaco y Corrientes, más de 400 trabajadores continúan reclamando el pago de sus indemnizaciones. El conflicto afecta principalmente a las localidades de Goya y Villa Ángela, donde cientos de familias quedaron sin empleo tras el cierre de la histórica firma.

La empresa había anunciado el cese de actividades en enero de 2026 y atribuyó la decisión a la apertura de importaciones, el aumento de costos energéticos, la caída del consumo y la pérdida de competitividad de la industria nacional.

Desde entonces, los trabajadores realizaron movilizaciones y protestas para exigir el cobro total de las indemnizaciones adeudadas. Además, denunciaron demoras luego de que el expediente judicial fuera trasladado a Santa Fe, donde la empresa inició un concurso preventivo de crisis.

El caso de Alal se convirtió en uno de los ejemplos más fuertes de la crisis que atraviesa el sector textil argentino. Según informes industriales, desde fines de 2023 la actividad perdió más de 16.000 puestos de trabajo registrados en todo el país.

En Goya, empresarios locales advirtieron que el impacto no afecta solamente a los empleados directos, sino también a proveedores, comercios y servicios vinculados a la producción textil.