El proceso de ajuste impulsado por el Gobierno nacional dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya comenzó a mostrar fuertes impactos. Según trascendió, 420 trabajadores se adhirieron al programa de retiros voluntarios lanzado semanas atrás.

La meta oficial sería alcanzar unas 1.200 desvinculaciones, lo que representaría cerca del 21% de la planta total del organismo. El plan forma parte de una reestructuración más amplia que busca reducir gastos y reorganizar áreas internas del instituto.

Desde distintos sectores vinculados al INTA crece la preocupación por las posibles consecuencias del ajuste. Entre los temores mencionados aparecen recortes de programas técnicos, pérdida de personal especializado e incluso la posibilidad de avanzar con ventas de tierras pertenecientes al organismo.

El INTA cumple un rol clave en investigación, desarrollo tecnológico y asistencia al sector agropecuario argentino, especialmente en economías regionales. Por eso, la reducción de personal genera inquietud tanto entre trabajadores como en productores y especialistas del área rural