Con el objetivo central de frenar el endeudamiento progresivo que asfixia a miles de hogares en la provincia, el bloque de Encuentro Misionero presentó en la Legislatura un firme proyecto de ley enfocado en transparentar las reglas del juego financiero y proteger de forma directa a los consumidores de tarjetas de crédito.

​La propuesta fue diseñada e introducida por el diputado provincial José Luis Pastori, y cuenta con el respaldo político del presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, y del titular de la bancada oficialista, Alejandro Arnhold. Desde el espacio legislativo señalaron que la iniciativa apunta directo a mitigar los efectos de la denominada "trampa del pago mínimo", un mecanismo que suele convertirse en una bola de nieve imparable debido a la acumulación de intereses y la escasa reducción del capital originalmente adeudado.

​El esquema planteado estipula que las entidades bancarias y financieras que operan en Misiones tengan la obligación de emitir alertas preventivas y simulaciones comparativas cuando detecten que un cliente financió sus saldos mediante el pago mínimo durante tres meses consecutivos. De acuerdo con el texto, la omisión de este deber de información transparente será catalogada como una infracción de carácter grave.

​Los tres pilares de la reforma propuesta:

​Alertas tempranas: Notificación obligatoria del banco tras tres meses continuos de abonar solo el mínimo.

​Alivio financiero real: Refinanciaciones obligatorias con tasas topadas que no superen el promedio de los préstamos personales ordinarios.

​Educación digital interactiva: Creación de plataformas provinciales para simular y comprender el Costo Financiero Total (CFT).

​El diputado provincial remarcó la profunda asimetría informativa que padecen los usuarios cotidianos a la hora de evaluar tasas nominales, efectivas o punitorias en un contexto inflacionario complejo que empuja a muchas familias a recurrir al financiamiento forzoso. Por este motivo, el texto legal no solo prohíbe explícitamente la capitalización de intereses punitorios sobre deudas corrientes, sino que designa al Ministerio de Acción Cooperativa como la autoridad de aplicación encargada de fiscalizar el estricto cumplimiento de la norma y sancionar los abusos.

Alineada con las facultades provinciales de defensa del consumidor y amparada en los preceptos de la Constitución Nacional, la iniciativa busca consolidar un marco de equidad comercial en todo el territorio misionero, resguardando la capacidad de consumo de los trabajadores e impidiendo que el acceso al crédito bancario se transforme en una condena financiera permanente.