México cuenta con un amplio marco jurídico e institucional para prevenir, buscar, investigar y reparar las desapariciones de personas, pero enfrenta una importante brecha entre las obligaciones establecidas en las leyes y estándares internacionales y su aplicación efectiva, advirtió Alan García Campos, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Durante los "Diálogos contra la desaparición", en la charla "Obligaciones del Estado y estándares nacionales e internacionales en materia de desaparición forzada", García Campos sostuvo que la construcción de este andamiaje normativo no puede entenderse sin la presión y exigencia de las familias de personas desaparecidas y de organizaciones de la sociedad civil.
El funcionario de la ONU-DH señaló que el país cuenta actualmente con un marco "muy robusto" tanto en el ámbito nacional como internacional, pero subrayó que el principal desafío está en lograr que estas disposiciones se traduzcan en acciones concretas.
Obligaciones del Estado
García Campos explicó que, a partir de la evolución de los estándares internacionales, es posible identificar nueve grandes obligaciones de los Estados frente a la desaparición de personas: prevenir las desapariciones; buscar a las personas desaparecidas; investigar los hechos y garantizar el acceso a la justicia; garantizar el derecho a la verdad; realizar una identificación certera y una restitución digna de las personas fallecidas; reparar integralmente a las víctimas; garantizar búsquedas seguras; preservar la memoria y establecer garantías de no repetición.
México, agregó, ocupa el primer lugar en número de acciones urgentes adoptadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, aunque advirtió que existe un subregistro porque estos mecanismos internacionales solamente se activan cuando las personas interesadas recurren a ellos.
Estándares, una obligación
Ximena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), señaló que los estándares internacionales no son recomendaciones opcionales para las autoridades, sino obligaciones que deben cumplirse.
La especialista destacó que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, aprobada en 2017, estableció un modelo basado en tres pilares: búsqueda, investigación penal y reparación integral.
A partir de ese marco fueron desarrollados, entre otros instrumentos, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas y el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
Sin embargo, Ugarte advirtió que en la práctica persisten problemas de coordinación entre las instituciones encargadas de localizar a las personas y aquellas responsables de investigar los delitos.
García Campos sostuvo que, en términos generales, los instrumentos mexicanos han incorporado los estándares internacionales y que no existe una contradicción sustancial entre ambos marcos. El problema, dijo, se encuentra principalmente en la implementación.
Advirtió que los protocolos no deben utilizarse como "camisas de fuerza" que impidan a las autoridades actuar cuando una situación concreta no esté descrita expresamente en ellos.