El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció ayer la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, como respuesta a la creciente ola de violencia y extorsiones vinculadas al crimen organizado. La medida afecta a aproximadamente 10 millones de habitantes y permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, además de restringir derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio.
En un mensaje a la nación, Jerí aseguró que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada” y prometió tomar acciones para revertir la situación. Entre las medidas más estrictas, se prohíbe que dos personas circulen en una misma moto, una práctica que ha sido utilizada por sicarios en la capital.
El mandatario afirmó que con esta medida el gobierno pasa “de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen”. Lima ya había estado bajo medidas de este tipo de manera parcial entre marzo y julio, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia.
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Protestas y crisis política en medio del aumento del crimen
La declaración de emergencia llega tras protestas masivas el 15 de octubre, que dejaron un muerto y más de cien heridos entre civiles y policías. Los manifestantes se enfrentaron con la policía frente al Congreso para exigir medidas contra la inseguridad y cuestionar al gobierno de Jerí.
Perú atraviesa una profunda crisis política, con siete presidentes desde 2016. Las denuncias de extorsión crecieron de 2.396 en 2023 a más de 17.000 en 2024, y entre enero y septiembre de 2025 la policía registró 20.705 casos, un 28,8% más que el año anterior. Además, 47 conductores han sido asesinados por sicarios en lo que va del año, según el gremio de transportistas Anitra.
