Provinciales
El Gobierno nacional sostiene el equilibrio fiscal como uno de los pilares de su gestión. Sin embargo, un informe sobre los fondos fiduciarios abrió un fuerte debate acerca de qué ocurre con los recursos que recaudan y que no son ejecutados para los fines específicos establecidos por ley.
La discusión puede entenderse con un ejemplo sencillo: Dieguito pagaba todos los meses los gastos de su tarjeta de crédito. Un día decidió dejar de pagar. Desde entonces tiene más dinero disponible en su billetera, pero también acumula una deuda. A simple vista, sus cuentas muestran un mejor resultado. En realidad, parte de ese supuesto superávit surge de haber dejado obligaciones sin pagar.
Según un relevamiento atribuido al Instituto Consenso Federal, los fondos fiduciarios estatales acumularon superávits por más de 3.000 millones de dólares entre 2024 y 2025, mientras que para 2026 se proyectaría un excedente adicional cercano a los 956 millones de dólares.
El cuestionamiento central no está solamente en la existencia de esos excedentes, sino en qué destino tuvieron los recursos que no fueron ejecutados.
De acuerdo con los datos citados en el informe, durante 2024 el superávit de los fondos fiduciarios habría alcanzado unos 2.030 millones de dólares, mientras que en 2025 llegó a aproximadamente 973 millones de dólares.
Durante el primer trimestre de 2026, el excedente habría alcanzado los 239 millones de dólares, con una proyección anual cercana a los 956 millones.
El análisis también recuerda que, al comienzo de su gestión, el Gobierno de Javier Milei planteó la eliminación de los fideicomisos públicos, a los que había cuestionado como una estructura vinculada al manejo discrecional de recursos.
Sin embargo, varios fondos continuaron funcionando y acumulando recursos por encima de sus gastos ejecutados.
Una de las principales críticas apunta a que una parte de los recursos no habría sido utilizada para los objetivos específicos para los cuales fueron creados los fondos, sino que habría terminado en inversiones financieras.
Según los datos citados en el artículo, los fideicomisos ejecutaron el 55,8% de lo recaudado durante 2024, el 69,5% durante 2025 y el 69,7% durante el primer trimestre de 2026.
El resto habría sido destinado a diferentes colocaciones financieras.
La cuestión adquiere especial relevancia porque muchos de estos fondos fueron creados para financiar obras, infraestructura, producción, energía o políticas específicas.
Uno de los ejemplos mencionados es el Sistema de Infraestructura de Transporte.
Para 2026 se proyectan gastos corrientes por aproximadamente 2,15 billones de pesos y gastos de capital por 692.669 millones de pesos. Al mismo tiempo, se prevén inversiones financieras por alrededor de 751.481 millones de pesos.
Según el análisis presentado, prácticamente la totalidad del resultado financiero previsto terminaría destinado a colocaciones.
Durante el primer trimestre de 2026, el sistema habría registrado 636.155 millones de pesos de ingresos corrientes, mientras que las colocaciones financieras netas habrían alcanzado unos 197.127 millones de pesos, una cifra superior a lo destinado a obras durante ese período.
El Fondo de Infraestructura Hídrica también aparece entre los casos analizados.
Entre enero de 2024 y marzo de 2026 habría recaudado unos 399.541 millones de pesos, pero ejecutado aproximadamente 99.761 millones, es decir, cerca del 25% de los recursos disponibles.
El resto habría permanecido en instrumentos financieros como letras del Tesoro, plazos fijos y depósitos.
Esto vuelve a poner en discusión el objetivo original de los fondos: recaudar recursos para destinarlos a determinadas obras y políticas públicas.
El debate toma todavía mayor relevancia cuando se analiza la situación de las rutas nacionales.
Según el texto, durante los primeros meses de 2026 el Sistema Vial habría ejecutado solamente una parte de los recursos recaudados para obras, mientras que su cartera de inversiones financieras habría superado el billón de pesos.
La discusión se da en un contexto de creciente preocupación por el deterioro de distintos corredores viales del país.
Un relevamiento citado en el artículo analizó 22 accidentes registrados durante junio y julio, con un saldo de 29 personas fallecidas. De los casos en los que existían datos sobre el estado de las rutas, una mayoría ocurrió en tramos calificados como deteriorados.
El propio análisis aclara que no es posible atribuir directamente las muertes al estado de las rutas, ya que los siniestros viales responden a múltiples factores. Sin embargo, plantea que existe una concentración significativa de accidentes en corredores que presentan problemas de infraestructura.
El debate no se limita a cuánto recauda cada fideicomiso ni a cuánto dinero termina ejecutando.
La pregunta de fondo es qué ocurre con los recursos que quedan sin utilizar.
¿Son colocados financieramente? ¿Se transfieren al Tesoro? ¿Se mantienen dentro de los propios fondos? ¿Cuánto dinero llega efectivamente al destino específico para el que fue creado cada fideicomiso?
El Gobierno nacional presenta el equilibrio fiscal como uno de sus principales logros económicos. Sus críticos, en cambio, cuestionan si parte de ese resultado se explica por la acumulación de recursos que originalmente tenían otros destinos.
El manejo de los fondos fiduciarios plantea así una discusión más amplia sobre las cuentas públicas: no alcanza con conocer cuánto recauda el Estado y cuánto gasta; también resulta fundamental saber en qué se utilizan los recursos y si cumplen con el objetivo para el cual fueron recaudados.
En el caso de los fondos vinculados a infraestructura, la discusión adquiere una dimensión concreta: mientras se acumulan recursos e inversiones financieras, persisten reclamos por el estado de rutas y obras pendientes en distintos puntos del país.
La pregunta que queda planteada es si el equilibrio fiscal debe medirse únicamente por el resultado de las cuentas públicas o también por el cumplimiento efectivo de los destinos para los cuales los recursos fueron creados.
