El escenario político y judicial se reconfiguró tras el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023. La decisión, que habilita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros sin límites, desató una reacción inmediata en la Cámara de Diputados, donde la oposición impulsa una sesión especial para derogar el decreto en su totalidad. Si el cuerpo acompaña la postura que ya sostuvo el Senado en marzo de 2024, el DNU cae completo —y con él, la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que afecta directamente a miles de productores misioneros.
La convocatoria se proyecta para el 14 o 15 de octubre. Para avanzar necesitan el quórum mínimo de 129 diputados y una mayoría simple de los presentes. La oposición también evalúa una vía alternativa: presentar un proyecto de ley que anule específicamente el artículo 154 y reponga la vigencia de la Ley de Tierras, dejando el resto del decreto sin modificar.
El impacto en la cadena yerbatera es profundo. Desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023, el INYM perdió facultades clave, entre ellas la de fijar un precio de referencia para la hoja verde. Los productores quedaron en una posición de mayor vulnerabilidad frente a la industria, con costos que no se reflejan en lo que perciben por su cosecha. Entre enero y junio de este año, se procesaron 417,5 millones de kilos de hoja verde: una caída del 25,9% respecto del mismo período de 2024. El sector acumula 28 meses consecutivos en zona crítica según el Semáforo de Economías Regionales, con una estructura de mercado cada vez más concentrada y rentabilidad en retroceso.
El fallo de la Corte no se pronunció sobre la validez de fondo del decreto, sino que rechazó la demanda por considerar que la entidad actora carecía de legitimación. Sin embargo, su efecto práctico devolvió vigencia plena al artículo 154 y reactivó la polémica generalizada sobre todo el megadecreto. El debate ahora pasa al Congreso, donde la definición marcará el rumbo no solo de la propiedad de la tierra, sino también del modelo de protección y regulación que sostiene a la producción familiar de Misiones.
