Misiones atraviesa una etapa de cambios políticos que comienza a expresarse en decisiones institucionales. La nueva conducción del oficialismo provincial, encabezada por Hugo Passalacqua, enfrenta el desafío de transformar el reordenamiento del poder en una administración más transparente, abierta y eficiente. No alcanza con modificar liderazgos o inaugurar espacios políticos: la verdadera transformación debe reflejarse en la manera de administrar los recursos públicos, fortalecer las instituciones y establecer nuevas reglas de funcionamiento.
En ese camino, la semana dejó una decisión de especial trascendencia. La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una iniciativa enviada por Passalacqua que amplía las facultades del Tribunal de Cuentas para fiscalizar a las empresas y sociedades del Estado provincial y municipal. Por su alcance institucional y por la decisión política que la originó, puede identificarse como la Ley Passalacqua de la Transparencia, una herramienta que responde a una de las demandas más importantes de los misioneros: mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y controles efectivos sobre todos los ámbitos del Estado.
La sociedad reclama saber cómo se administra su dinero, en qué se gasta, quién toma las decisiones y cuáles son los resultados. La transparencia dejó de ser una consigna reservada a los discursos políticos para convertirse en una exigencia cotidiana de los ciudadanos, que esperan explicaciones claras sobre el funcionamiento de los organismos públicos. En una etapa de dificultades económicas, cuando cada peso debe administrarse con responsabilidad, esa demanda adquiere todavía mayor importancia.
La nueva legislación establece que las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y otras entidades donde el Estado tenga el control de las decisiones quedarán alcanzadas por la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Además, el organismo deberá informar anualmente a la Legislatura los resultados de sus auditorías. La norma comenzará a regir el 1 de enero de 2027.
El significado político de la decisión es importante. Durante años, la utilización de diferentes figuras jurídicas para administrar actividades estatales planteó interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización. La nueva ley busca superar esas limitaciones mediante reglas que permitan verificar el destino de los recursos, examinar documentación respaldatoria y fortalecer la responsabilidad de quienes administran fondos públicos. La unanimidad legislativa, alcanzada después de incorporar aportes de distintos bloques, demuestra que la transparencia puede convertirse en una política de Estado por encima de las diferencias partidarias.
Passalacqua resumió el espíritu de la iniciativa con una definición: “Hoy en Misiones gobernar es rendir cuentas a diario”. La frase adquiere relevancia en un contexto de transformación política, porque dar vuelta la página también significa revisar procedimientos, corregir aquello que necesita cambiar y establecer controles más rigurosos. La transparencia no debe depender de la voluntad de un funcionario ni de la confianza personal depositada en quienes administran organismos públicos. Debe estar garantizada por instituciones capaces de controlar y exigir explicaciones.
La sanción representa un avance, aunque su verdadero resultado deberá medirse cuando comiencen las auditorías y se conozcan sus conclusiones. Una ley adquiere valor cuando se cumple y cuando sus disposiciones se aplican sin excepciones. Poner mano firme no significa concentrar más poder, sino establecer reglas claras para que el poder tenga límites y responsabilidades. Esa es una de las condiciones fundamentales para que los cambios políticos también representen un cambio en la relación entre el Estado y los ciudadanos.
El nuevo escenario provincial también comienza a generar repercusiones entre sectores empresariales nacionales. La visita del presidente del Banco Macro, Jorge Brito, aportó una señal significativa. Uno de los principales banqueros del país viajó a San Ignacio para inaugurar una sucursal de la entidad, mediante una inversión superior a los 800 millones de pesos, y compartió la actividad con Passalacqua.
Su presencia tuvo un significado que excedió la inversión bancaria, especialmente por las palabras que pronunció durante el acto: “Misiones es una provincia a la que quiero mucho, durante mucho tiempo dejé de venir y gracias a Hugo, estoy viniendo muy seguido”.
Brito no explicó públicamente las razones de su alejamiento anterior, pero su acercamiento al gobernador coincide con la nueva etapa política abierta tras el desplazamiento de Carlos Rovira de la conducción del oficialismo. En sectores del empresariado nacional existe expectativa por las posibilidades de una provincia con mayor apertura institucional y vínculos más directos. La presencia del banquero constituye una señal de cómo algunos actores económicos observan el nuevo escenario misionero.
La semana dejó otro resultado político en las elecciones de la Cooperativa de Electricidad de Leandro N. Alem (CELO), donde el oficialismo se impuso sobre la Lista Gris, respaldada por el diputado libertario Diego Hartfield. La elección mostró la importancia de las construcciones territoriales y de la relación cotidiana con los asociados, más allá de las identificaciones partidarias nacionales.
En otro plano, el Movimiento por lo que Viene conmemoró el viernes los ocho años de la Ley de Paridad Política de Género, sancionada en 2018. La norma estableció la integración igualitaria de mujeres y varones en las listas legislativas y representa una conquista institucional que amplió las oportunidades de participación política. Su aniversario permitió recordar que el fortalecimiento democrático también requiere preservar derechos y ampliar espacios de representación.
Mientras tanto, el reordenamiento del oficialismo continúa generando movimientos en los municipios. La consolidación del liderazgo de Passalacqua convive con sectores que buscan preservar sus propias estructuras y con dirigentes que todavía deben definir cómo se ubicarán frente al nuevo escenario. Esa transición plantea la necesidad de diferenciar las nuevas propuestas de las prácticas políticas que caracterizaron etapas anteriores.
En Posadas, el diputado provincial Martín Arjol cuestionó al intendente Leonardo Stelatto por su vinculación política con Carlos Rovira y denunció presuntas presiones sobre empleados municipales para que se afilien al partido del jefe comunal. Las acusaciones deberán ser esclarecidas, pero el legislador introdujo una observación cargada de simbolismo: “Niegan el vínculo y en las oficinas de la Municipalidad están todavía colgados los cuadros de Rovira”.
La imagen resulta políticamente significativa. Se pueden cambiar los nombres de los partidos, diseñar nuevos símbolos y hablar de renovación, pero las transformaciones verdaderas requieren modificar las prácticas y las formas de ejercer el poder. Los cuadros que, según Arjol, todavía permanecen colgados en dependencias municipales representan una metáfora de esa discusión: hasta dónde llegan los cambios y cuánto del pasado continúa presente detrás de las nuevas construcciones políticas.
La nueva etapa de Misiones no debería medirse únicamente por quién ganó poder y quién lo perdió. Su verdadera dimensión estará determinada por la capacidad de construir una administración más transparente, cercana y eficiente, donde las decisiones se expliquen, los recursos se controlen y las instituciones estén por encima de los intereses personales.
La Ley Passalacqua de la Transparencia ofrece una respuesta concreta a una demanda creciente de los misioneros: saber qué se hace con los recursos públicos y contar con instituciones que garanticen su correcta administración. Porque dar vuelta la página no consiste solamente en cambiar la conducción política. También exige poner mano firme, fortalecer los controles y establecer reglas que impidan repetir las prácticas que se pretende dejar atrás.
