El Gobierno nacional avanzó nuevamente sobre las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y anunció cambios que reducen su capacidad de intervención en el sector. A través del decreto 812, firmado por el presidente Javier Milei, se modificaron disposiciones históricas del organismo creado en 2002 para ordenar la actividad yerbatera y fijar reglas entre productores, secaderos e industrias.

La nueva medida actualiza el artículo 8 del decreto 1240/2002 y establece que el INYM ya no podrá dictar normas que alteren los precios, generen trabas a la competencia o interfieran en el libre juego entre oferta y demanda. En otras palabras, el Instituto dejará de tener margen para intervenir en cuestiones de mercado, una de sus funciones centrales desde su creación.

Este cambio se suma a las transformaciones impulsadas en diciembre de 2023 a través del DNU 70/23, que ya había quitado al INYM la potestad de fijar los valores de la materia prima. Según los considerandos del decreto publicado este lunes, el Gobierno busca una “modernización” del organismo y un rol más enfocado en controles de calidad antes que en regulaciones económicas.

Además, la normativa establece un plazo de 30 días para revisar y adecuar toda resolución vigente que no sea compatible con este nuevo marco. También quedaron derogados varios artículos del decreto original que habilitaban al INYM a limitar plantaciones, definir precios de referencia y tomar medidas para equilibrar la oferta y la demanda.

Mientras tanto, informes oficiales señalan que, tras las desregulaciones aplicadas en el último año, los precios reales de la yerba mate habrían bajado alrededor de un 44% desde diciembre de 2023, y que tanto la producción como las exportaciones mostraron un crecimiento interanual.

En ese sentido, el propio Instituto reportó recientemente que los envíos al exterior alcanzaron 42 millones de kilos entre enero y septiembre, una cifra que supera el desempeño de los últimos tres años y se acerca al récord registrado en 2024. De mantenerse la tendencia, el sector podría cerrar 2025 con más de 50 millones de kilos exportados.

Con esta decisión, el Gobierno profundiza su política de desregulación y deja al INYM con un perfil más técnico que regulatorio, marcando un nuevo capítulo en la histórica discusión sobre el rol del Estado dentro de la producción yerbatera.