La Justicia boliviana declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales luego de que no se presentara a una audiencia judicial vinculada a una causa por presunta trata agravada de personas. La decisión fue tomada por un tribunal de Tarija, que además emitió una orden de captura para garantizar su comparecencia ante la Justicia.

El proceso judicial investiga una supuesta relación del exmandatario con una adolescente durante el tiempo en que ejercía la presidencia de Bolivia. Según la fiscalía, dentro del expediente existen más de 170 elementos probatorios incorporados a la causa.

Desde el entorno de Morales rechazaron las acusaciones y denunciaron una “persecución política”. Sus abogados cuestionaron el procedimiento judicial y aseguraron que el exlíder boliviano no cuenta con garantías dentro del proceso.

Mientras tanto, sectores afines al expresidente mantienen movilizaciones y expresiones de apoyo, especialmente en la región del Chapare, uno de los principales bastiones políticos y sindicales de Morales.

La situación vuelve a elevar la tensión política en Bolivia y profundiza la interna dentro del oficialismo, en medio de disputas de poder y diferencias crecientes entre sectores vinculados al actual gobierno y el exmandatario.

La causa genera fuerte repercusión internacional y mantiene en vilo al escenario político boliviano, donde Morales continúa siendo una de las figuras más influyentes del país pese a las controversias judiciales.