La Justicia Federal de Córdoba dictó una medida cautelar que obliga al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación a restablecer y normalizar en un plazo de 72 horas los pagos destinados a prestaciones para personas con discapacidad. La resolución busca garantizar la continuidad de tratamientos, terapias y entrega de medicamentos para miles de beneficiarios.

La medida fue tomada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, luego de un amparo colectivo impulsado por organizaciones y prestadores vinculados al sector de discapacidad. El fallo tendrá vigencia durante seis meses o hasta que exista una sentencia definitiva.

La abogada Marta Lastra, una de las impulsoras de la causa, explicó que muchos prestadores aún no cobraron servicios brindados desde noviembre del año pasado, situación que provocó interrupciones en terapias y dificultades para sostener la atención de pacientes. “Mucha gente dejó de tener prestaciones y otro tanto está a punto de dejarlas”, advirtió.

El fallo también señala que las demoras generan un “riesgo inminente” para personas en situación de vulnerabilidad. Entre los casos expuestos, instituciones denunciaron millonarias deudas acumuladas y problemas para continuar funcionando debido a la falta de pagos estatales.

Desde el Gobierno nacional argumentaron que los retrasos se deben a un “reordenamiento estructural” y a cambios administrativos dentro del programa Incluir Salud. Sin embargo, la Justicia consideró que la situación requiere una respuesta urgente para evitar la suspensión de servicios esenciales.