El oficialismo aceptó modificaciones negociadas con distintos bloques, entre ellos el espacio del misionero Oscar Herrera Ahuad y Unión por la Patria. El texto contempla garantías para las prestaciones, actualización de aranceles y condiciones para las pensiones. Ahora deberá ser tratado por el Senado, mientras persiste la posibilidad de un veto presidencial.
El debate por las políticas de discapacidad volvió a marcar la agenda del Congreso nacional. Tras una serie de negociaciones y ante el riesgo de sufrir una nueva derrota parlamentaria, el oficialismo aceptó introducir cambios en su proyecto y consiguió la aprobación de una nueva ley en la Cámara de Diputados.
Las modificaciones fueron acordadas con bloques opositores y sectores dialoguistas que reclamaban mayores garantías para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios. Entre quienes impulsaron cambios estuvo el diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad, cuya intervención formó parte de las negociaciones para modificar el texto original.
La discusión se desarrolló en medio de los cuestionamientos al ajuste aplicado al sector y de los reclamos por la actualización de los valores que reciben los prestadores de servicios esenciales, como rehabilitación, transporte, centros de día y acompañamiento.
Entre los puntos centrales del texto acordado se encuentran el mantenimiento de las pensiones no contributivas en un nivel equivalente al 70% de la jubilación mínima, su actualización mensual y la posibilidad de compatibilizarlas con un empleo registrado, siempre que los ingresos laborales no superen los dos salarios mínimos.
La iniciativa también contempla mantener un nomenclador universal para las prestaciones básicas y actualizar sus valores de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este mecanismo busca establecer criterios comunes para los aranceles que reciben los prestadores y brindar mayor previsibilidad al funcionamiento del sistema.
Otro aspecto relevante es la incorporación de garantías vinculadas con la cobertura de salud y la compatibilidad de las pensiones con otros programas de asistencia social.
Las modificaciones apuntan a dar respuestas a reclamos que involucran tanto a los beneficiarios como a las instituciones y profesionales que sostienen diariamente los servicios de atención y rehabilitación.
El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad participó de las gestiones para incorporar modificaciones al proyecto. Uno de los planteos centrales fue la necesidad de que los recursos destinados a financiar las prestaciones queden expresamente contemplados en el Presupuesto 2027.
El objetivo de esa exigencia es evitar que las garantías incluidas en la ley queden sujetas únicamente a declaraciones de intención y contar con previsiones presupuestarias que permitan sostener su aplicación.
Las negociaciones también buscaron asegurar que los valores de las prestaciones tengan mecanismos de actualización y que las personas con discapacidad mantengan condiciones de acceso a la atención y a la cobertura sanitaria.
La discusión mostró la importancia de los acuerdos parlamentarios para introducir cambios en iniciativas del Poder Ejecutivo y alcanzar consensos sobre políticas que afectan directamente a sectores vulnerables.
Aunque la aprobación en Diputados representa un avance legislativo, el proyecto todavía debe atravesar el tratamiento del Senado para completar el proceso de sanción.
Además, la posibilidad de un veto del presidente Javier Milei continúa presente en el escenario político. Por ese motivo, la atención estará puesta en los próximos pasos parlamentarios y en la definición del Gobierno frente al texto aprobado.
Para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores, el debate excede las diferencias políticas: la cuestión central pasa por la continuidad de las prestaciones, la actualización de los aranceles y la disponibilidad efectiva de los recursos necesarios para sostener el sistema.
La discusión continuará en el Congreso, donde se definirá el futuro de una normativa que busca establecer nuevas garantías para el sector.
