Diputados aprobó citar a Karina Milei por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad
Las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Asuntos Constitucionales firmaron un dictamen que, en el plenario de la Cámara de Diputados, aprobó citar a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Mario Lugones, ministro de Salud, por denuncias de presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El pronunciamiento aún no tiene fecha para ser tratado en el recinto.
Los dictámenes unificados, que surgieron de iniciativas de los diputados Sabrina Selva (UxP), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) y Christian Castillo (Frente de Izquierda), serán tratados en el recinto durante la primera semana de octubre.
El debate se centró en los audios del entonces titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que involucran a funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo.
“Se hace imperiosa la necesidad de que tanto ella como los demás funcionarios implicados asistan a una interpelación ante esta Cámara”, señaló Sabrina Selva.
Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) advirtió que “nos volvemos a encontrar con otro escándalo con los recursos destinados al área de discapacidad”, mientras que la radical Natalia Sarapura y Marcela Pagano (bloque Coherencia) coincidieron en la importancia de sostener la independencia del Congreso.
“Acompañamos la citación de la secretaria de la Presidencia (Karina Milei) y de cualquier funcionario”, afirmaron.
Antes de la votación, la Comisión de Asuntos Constitucionales, junto con Peticiones, Poderes y Reglamento, realizó una reunión informativa sobre la reforma de la ley que regula la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
La norma, sancionada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner, ha sido un instrumento ampliamente utilizado por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión, en un contexto de minoría parlamentaria en ambas cámaras. La próxima semana se firmarán los dictámenes.
Según el proyecto aprobado en el Senado, los DNU deberán ser tratados dentro de los 90 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial. Si se supera ese plazo o una de las cámaras parlamentarias lo rechaza, el decreto quedará sin efecto. Además, su aprobación deberá ser ratificada tanto por Diputados como por el Senado.
Actualmente, la ley exige el voto de ambas cámaras para rechazar un DNU, mientras que basta la ratificación de una sola cámara para mantenerlo vigente.
Durante el debate, la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado defendió el uso de los DNU y criticó a la oposición: “La oposición al Gobierno actual quiere modificar la ley de DNU quieren evitar que Javier Milei concrete los cambios que la mayoría de la ciudadanía votó y reclama”.
En un sentido similar, Silvia Lospennato (PRO) destacó la coherencia política: “Sin comprarme el republicanismo repentino de los que propusieron, usaron y abusaron de esta ley durante tantos años quiero ser coherente con lo que mi partido a lo largo de 20 años ha sostenido en este Congreso. Porque creo que para los ciudadanos hay un valor en la coherencia de los políticos”.
El radical Rodrigo de Loredo consideró que “aplicar un estándar de exigencia constitucional, legal o de rigurosidad formal de forma selectiva a un espacio político que carece de fortalezas en Diputados y Senadores… es ante todo una postura antijurídica. Una norma es norma y no una arbitrariedad cuando es aplicable para todos”.
Desde el bloque Democracia para Siempre, Fernando Carbajal señaló que, aunque Unión por la Patria tiene “una mirada de corto plazo”, los cambios en la ley son necesarios para garantizar un marco institucional sólido en el futuro.
