Un fallo judicial marcó un límite al hermetismo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) respecto a los movimientos de reservas de oro fuera del país. La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la entidad monetaria que brinde información detallada sobre esas operaciones, al considerar que no logró justificar de manera adecuada por qué mantuvo los datos bajo reserva.

La decisión fue adoptada por la Sala V del tribunal, que hizo lugar a una presentación realizada por la Asociación Bancaria. En su planteo, el gremio sostuvo que el ocultamiento de información vinculada a las reservas internacionales afecta el derecho ciudadano a conocer decisiones con impacto directo en la economía nacional y en la política financiera.

Según evaluaron los jueces, el Banco Central se limitó a invocar de forma genérica las excepciones previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública, sin demostrar concretamente de qué manera la difusión de los datos podría poner en riesgo el sistema financiero o la seguridad de los activos.

El fallo remarcó que ya existía un reconocimiento público sobre el envío de lingotes de oro al exterior, por lo que una negativa absoluta a brindar información resultaba incompatible con los principios de transparencia, máxima divulgación y buena fe que deben regir la actuación de los organismos del Estado.

Además, desde el tribunal se destacó que no toda la información solicitada implica revelar datos sensibles, como la ubicación exacta de las reservas físicas, por lo que consideraron desproporcionada la decisión del BCRA de mantener el secreto total.

A partir de esta resolución, el Banco Central deberá responder si efectivamente se realizaron envíos de oro, cuál fue el monto involucrado, en qué ámbito se tomó la decisión, qué funcionarios la autorizaron, si existieron seguros que respaldaran las operaciones y si se notificó a los órganos de control correspondientes.

El fallo refuerza el criterio de que las decisiones económicas de alto impacto deben estar sujetas al control social y al acceso a la información pública, especialmente cuando involucran recursos estratégicos del país.