En un contexto económico desafiante, el Gobierno Provincial confirmó un nuevo esquema de recomposición salarial que alcanzará a toda la administración pública. La medida, que impactará en los haberes que se percibirán en el mes de marzo (correspondientes al trabajo de febrero), contempla incrementos promedio de entre el 11% y el 14%, combinando subas al básico con sumas fijas.
Según informaron desde el Ejecutivo, el esfuerzo financiero para concretar esta mejora ronda los $10.000 millones. Las autoridades destacaron que estos fondos se obtuvieron gracias a una política de austeridad que incluyó la reducción de ministerios, un control más riguroso de los viáticos y una optimización general de los recursos públicos. 
Los números, sector por sectorEl anuncio establece que ningún trabajador estatal recibirá un incremento inferior a los $75.000, aunque en sectores estratégicos las sumas serán superiores:
- Seguridad: Los agentes de policía y fuerzas de seguridad verán un incremento del 12% al básico. Para un efectivo que recién se inicia, la mejora de bolsillo será de aproximadamente $107.000.
- Salud: El personal sanitario recibirá un 11,5% al básico más una suma remunerativa de $50.000. Esto se traduce en aumentos de **$100.000** para médicos ingresantes y sumas que superan los $120.000 para aquellos con mayor antigüedad. 
- Educación: El sector docente percibirá un 4% al básico más diversos adicionales remunerativos. Los maestros frente al aula recibirán cerca de $105.000 por cargo, mientras que el resto del sector tiene un piso garantizado de $75.000.
- Administración Central y Municipales: Se fijó un 4% al básico y una suma de $70.000. Para las categorías más bajas, el aumento será de **$75.000**, mientras que los trabajadores con más años de servicio llegarán a los $90.000.
La medida no se limita al Ejecutivo, sino que también abarca al personal de la Justicia, la Legislatura y los empleados municipales de la Capital, con una inversión adicional de $1.000 millones.
Desde el Gobierno señalaron que este incremento es parte de un plan de recomposición progresiva, asegurando que continuarán monitoreando las variables económicas durante todo el año para evaluar futuros ajustes que protejan el poder adquisitivo de los empleados públicos.