En una sesión cargada de tensión y cruces políticos, el Senado de la Nación dio un paso decisivo este viernes al aprobar en general el proyecto que reforma el Régimen Penal Juvenil. El cambio central de esta iniciativa es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasaría de los 16 a los 14 años para aquellos adolescentes que cometan delitos graves.

​La medida, que contó con el impulso del oficialismo y el acompañamiento de bloques aliados, busca reconfigurar la respuesta del Estado ante la delincuencia juvenil, un tema que viene marcando la agenda de seguridad en todo el país.

​El proyecto no solo modifica la edad, sino que establece un nuevo marco para el tratamiento de los menores en conflicto con la ley:

• ​Penas máximas: Los adolescentes de entre 14 y 18 años podrían recibir condenas de hasta 15 años de prisión por delitos de extrema gravedad.
• ​Institutos Especializados: Se contempla la creación de establecimientos específicos para el cumplimiento de las penas, alejados de las cárceles comunes de adultos.
• ​Asistencia a las víctimas: La normativa incluye un esquema de acompañamiento y asistencia para quienes sufran los delitos.

​Desde el ala oficialista, el argumento principal es la necesidad de dar respuesta a una demanda social de mayor seguridad y terminar con la sensación de impunidad en ciertos sectores. "Es una herramienta para fortalecer el orden", señalaron durante el debate en la Cámara Alta.

​Por su parte, la oposición mantuvo un rechazo firme, advirtiendo que la medida podría vulnerar tratados internacionales de derechos del niño y cuestionando si el sistema penitenciario actual está en condiciones de afrontar este cambio institucional sin caer en mayores niveles de violencia. 

​Mientras la votación en particular de cada artículo continúa en el recinto, el país sigue de cerca una reforma que promete cambiar las reglas del juego en la justicia argentina.