El escenario para el sector yerbatero acaba de cambiar nuevamente. A través de una batería de resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial (20, 21 y 23/2026), el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) rediseñó sus mecanismos de control, endureciendo las sanciones para quienes no cumplan con la burocracia estatal.

​Lo que antes era una suspensión automática por falta de papeles, ahora se transforma en un proceso de intimaciones que puede terminar en la baja definitiva del registro. Para el colono o el dueño de un secadero, esto significa quedar "fuera del sistema": no podrán comprar, vender ni procesar un solo kilo de yerba hasta que regularicen deudas y presenten cada formulario exigido.

​Uno de los cambios más comentados es la vuelta del listado público de operadores. Tras haber sido removido de la web oficial en 2023, el INYM volverá a publicar los nombres, CUITs y el estado de inscripción de todos los actores del sector. Según el organismo, esto responde a la Ley de Acceso a la Información Pública, aunque en el sector se percibe como una forma de exposición para quienes tengan deudas.

​Además, se reincorporó la obligación de declarar mensualmente el palo de descarte. Esta medida, que había sido eliminada en enero, vuelve a estar vigente para los secadores, quienes deberán informar hasta el último kilogramo de residuo al cierre de cada mes.

​El cerco se cierra también sobre las obligaciones administrativas. Si un operador omite tres declaraciones juradas en un mismo año, su inscripción será dada de baja de manera inmediata. Para volver a operar, no solo deberá presentar lo adeudado, sino también pagar las multas correspondientes, lo que representa un golpe financiero directo a la rentabilidad del productor.

​Con estos movimientos, el INYM termina de definir su nueva fisonomía bajo la actual gestión nacional. El contraste es evidente: mientras el mercado se mantiene desregulado en cuanto a los precios (dejando que los valores de la hoja verde se definan por oferta y demanda), el ente se vuelve implacable y burocratizado en las tareas de fiscalización, poniendo la lupa sobre cada movimiento de los pequeños y medianos productores misioneros.