La presidenta del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC), Soledad Bálan, se refirió a los reclamos de vecinos contra la empresa prestadora del servicio de agua potable, SAMSA, por presunta sobrefacturación en las boletas. En ese contexto, aseguró que el organismo cumple un rol clave en la defensa de los usuarios y en el control de la empresa concesionaria.

Durante una entrevista con Loop Stream, Bálan remarcó que las personas que tengan dificultades para pagar el servicio no deben esperar al corte del suministro, ya que la reconexión puede costar alrededor de 200 mil pesos. En ese sentido, recomendó acercarse al EPRAC para gestionar planes de pago o reestructuración de deuda.
“Somos la policía de SAMSA”, afirmó, al explicar que la función del ente es supervisar a la empresa y garantizar que se respeten los derechos de los usuarios.

Uno de los principales cuestionamientos de los vecinos se relaciona con el consumo mínimo de 15 metros cúbicos mensuales, que se cobra aunque el consumo real sea menor. Bálan explicó que ese esquema está establecido por ley y que corresponde a la categoría mínima de facturación. Además, aclaró que cuando el consumo supera ese nivel, el valor del metro cúbico aumenta, por lo que recomendó analizar el cuadro de consumo más que el monto final de la factura.

La titular del EPRAC señaló que ese piso de consumo fue fijado en la ley provincial de concesión sancionada en 1999, la cual tiene una vigencia de 30 años. Si bien reconoció que el organismo debe respetar el marco legal vigente, manifestó su desacuerdo con algunos aspectos de la normativa, especialmente aquellos vinculados a los intereses por mora, que pueden afectar a los usuarios con deudas.

En cuanto a la tarifa del servicio, aseguró que durante este año no hubo aumentos y que la boleta se mantiene congelada. También explicó que una eventual reducción del mínimo a 7 metros cúbicos podría generar que cerca del 70% de las familias termine pagando más, debido al incremento del costo del excedente, ya que el sistema busca incentivar el uso responsable del agua.

Por otra parte, indicó que desde el año pasado la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) dejó de otorgar el subsidio que beneficiaba a familias relocalizadas, en línea con nuevas disposiciones nacionales. Aun así, destacó que la Provincia mantiene un esquema de asistencia que actualmente alcanza a más de 3 mil usuarios, aunque admitió que todavía no logra cubrir a todos los hogares que lo necesitan.

Finalmente, Bálan invitó a los vecinos que tengan dudas, reclamos o dificultades para pagar el servicio a acercarse al EPRAC, donde pueden recibir asesoramiento y buscar soluciones antes de que se produzca un corte del suministro.