En una jornada que marca un antes y un después para la economía madre de la región, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) terminó de sellar el rumbo hacia la desregulación total. En una votación que dejó en evidencia las nuevas mayorías, el bloque alineado con las políticas nacionales de La Libertad Avanza bloqueó cualquier posibilidad de fijar un precio de referencia para la hoja verde.

​El resultado fue un inapelable 7 a 3. La votación no solo mostró la postura del Gobierno Nacional, representado por Rodrigo Correa, sino también un bloque consolidado que incluyó a la industria correntina, molineros, secaderos y, sorpresivamente, a sectores del cooperativismo como Playadito.

​Del otro lado, Misiones y los representantes de los productores primarios quedaron aislados en una minoría que no logró hacer frente a la ola desregulatoria. Esta nueva configuración del poder dentro del Instituto refleja el fin del rol del Estado como árbitro en la cadena productiva.

​Para el productor misionero, la falta de un valor orientativo es mucho más que un dato técnico es la pérdida de su única red de seguridad. En un mercado donde el poder de negociación está concentrado en los grandes molinos, el pequeño productor queda expuesto a aceptar valores que, en muchos casos, apenas cubren los costos de cosecha.

​"Sin un piso institucional, el precio lo fija quien tiene la espalda financiera para esperar. El eslabón más débil vuelve a quedar a merced de la oferta y la demanda pura", explican analistas del sector.

​La decisión del INYM es el reflejo local del modelo impulsado por Javier Milei: la retirada de los organismos públicos de la fijación de precios. Mientras la industria celebra la libertad de acción, miles de familias yerbateras miran con incertidumbre un horizonte donde la asimetría de poder parece ser la única regla vigente. 

​La pulseada política en el INYM parece haber terminado, pero el conflicto social en las chacras recién comienza a gestarse.