El escenario de la salud en Argentina atraviesa un cambio de paradigma forzado por la economía. Según un reciente informe del Instituto Argentina Grande (IAG) basado en estadísticas del INDEC, la cobertura privada ha dejado de ser una opción para millones de familias, depositando una presión histórica sobre el sistema estatal.  

​Cifras que alarman

​Actualmente, 45% de los menores de 18 años en el país dependen exclusivamente de la salud pública para sus consultas, tratamientos o urgencias. Estamos hablando de aproximadamente 3,6 millones de niños y adolescentes que ya no cuentan con el respaldo de una obra social o prepaga, una cifra que marca un récord absoluto en los registros estadísticos nacionales.  

​A nivel general, el panorama no es más alentador: ya son 10,3 millones de personas las que se encuentran fuera del sistema de medicina privada o de seguridad social, lo que representa un incremento de 800.000 personas en apenas dos años.  

​¿Por qué se cae la cobertura?

​Dos factores principales explican este fenómeno:

​Costos por las nubes: Tras la desregulación del sector, las cuotas de las prepagas se dispararon un 417%, superando la capacidad de pago de la clase media.  

​Desempleo formal: La pérdida de más de 206 mil puestos de trabajo registrados en los últimos dos años dejó a miles de hogares sin los beneficios de la obra social.  

​Hospitales al límite

​La migración de pacientes hacia el sector público ya se traduce en un desborde operativo en las provincias. En Salta, por ejemplo, las consultas en hospitales públicos crecieron un 75%, mientras que en Santiago del Estero la demanda subió un 40%. Incluso en la provincia de Buenos Aires se observa un fenómeno particular: personas que aún conservan su obra social terminan en el hospital estatal porque no pueden costear los altos valores de los coseguros.  

​A este complejo mapa se le suma la crisis de los hospitales universitarios de la UBA, como el Hospital de Clínicas, cuyos directivos advierten que, de no actualizarse los fondos del Presupuesto 2026, podrían dejar de funcionar en cuestión de semanas, afectando a otros 700 mil pacientes anuales. 

En definitiva, el sistema público se ha convertido en el último y único refugio para la salud de la mitad de la infancia argentina, en un contexto donde el acceso a la medicina parece haberse transformado en un privilegio difícil de costear.