La victoria de Javier Milei en las elecciones de medio término despertó un entusiasmo inmediato en los mercados financieros: subieron acciones y bonos, el riesgo país bajó. Pero este “veranito financiero” contrasta con la economía real, que permanece en recesión, marcada por tendencias como demanda interna deprimida, caída de la masa salarial, ajuste fiscal, elevada capacidad ociosa y hogares sobreendeudados.
La promesa era simple y contundente: un año de sacrificio extremo para ordenar la macroeconomía y, a partir de 2025, empezar a respirar. Sin embargo, la realidad argentina llegó a noviembre con otra postal: actividad estancada, salarios licuados, jubilaciones en retroceso, más informalidad, más endeudamiento familiar y una sensación de fragilidad que atraviesa todo, desde el changuito del supermercado hasta provincias como Misiones.
Tras el rebote de la segunda mitad de 2024, cuando la actividad económica repuntó desde el piso de abril, el país entró en una meseta incómoda. La economía real sigue debilitada: la industria cayó 6,9% interanual entre enero y septiembre de 2025, más de 18.000 empresas cerraron desde 2023 y sectores clave como el automotriz, textil y metalmecánica retroceden. La construcción apenas resiste gracias a obra privada e inversión pública focalizada.
El mercado laboral sintetiza la paradoja: entre diciembre de 2023 y julio de 2025 se perdieron más de 253.000 empleos registrados, mientras que la informalidad crece. Los salarios permanecen estancados frente a una inflación que promedia 2% mensual, reflejando el modelo del “sálvese quien pueda”: trabajadores atrapados en la informalidad, sin derechos ni protección.
El salario mínimo y los ingresos estatales muestran el mismo deterioro: los salarios registrados, aun con recomposición parcial, siguen más de 5% por debajo del último mes de la gestión anterior, mientras los sueldos estatales caen más de 14%. Para millones de familias, esto significa ingresos que no alcanzan para cubrir la vida cotidiana, con hogares obligados a recurrir al crédito solo para sobrevivir.
Los jubilados tampoco escaparon: casi la mitad perdió poder adquisitivo, y la jubilación mínima, pese a ajustes nominales, vale menos que hace un año y que en noviembre de 2023. En un país envejecido, con medicamentos caros y tarifas en alza, esto representa una condena silenciosa a la vejez pobre. La frase “Hay que pasar el invierno”, de Álvaro Alsogaray en 1959, resuena hoy: soportar un contexto económico duro con la esperanza de que llegue un alivio que, hasta ahora, parece no llegar nunca.
La respuesta de los hogares fue previsible: endeudarse para comer. El uso de tarjetas de crédito en supermercados crece, junto con la morosidad bancaria, mientras las familias patean hacia adelante lo que no pueden pagar al contado. La salida del cepo y la flotación “entre bandas” prometían estabilidad el resultado fue un dólar que ya aumentó casi 40% desde abril, alimentando la incertidumbre y el miedo a nuevas sacudidas. Los cheques rechazados por falta de fondos marcaron récords históricos: 92.535 en septiembre, reflejando el estrés financiero que atraviesan los hogares.
No sorprende que los indicadores de confianza reflejen pesimismo: el Índice Líder de la Universidad Di Tella cayó 0,85% desestacionalizado y 1,52% interanual en septiembre, acumulando seis meses consecutivos de retrocesos, mientras el índice de confianza del consumidor también retrocedió. La política económica genera una “pinza recesiva”: salarios planchados y tarifas altas deprimen la demanda, mientras la apertura importadora desplaza producción local.
El resultado es un invierno que no termina, un ciclo de fragilidad que llega desde los supermercados hasta cada fábrica del país.
Misiones frente a la recesión nacional
