Cuando un reclamo personal se disfraza de épica institucional

- Opinión

Cuando un reclamo personal se disfraza de épica institucional
Cuando un reclamo personal se disfraza de épica institucional

Un texto del analista Nicolás Marchiori propone una lectura crítica sobre la ira política contemporánea y su instrumentalización, combinando referencias filosóficas con un caso reciente ocurrido en Misiones, donde —según expone— un pedido de juicio político terminó revelando un conflicto de intereses más que una auténtica defensa republicana.

Marchiori retoma ideas del filósofo alemán Peter Sloterdijk, quien en Ira y tiempo. Ensayo psicopolítico analizó cómo la indignación colectiva fue históricamente canalizada por instituciones como la Iglesia o los partidos políticos. En ese marco, la ira no se liberaba de forma caótica, sino que era contenida y reconvertida en acción política organizada. El autor sostiene que, en el siglo XXI, ese mecanismo se desarticuló: la indignación se expresa de manera fragmentada y muchas veces sin un proyecto claro, alimentada por liderazgos que ofrecen castigo simbólico a “los poderosos” más que propuestas de gobierno concretas.

En ese escenario, las redes sociales ocupan un rol central. Lejos de actuar como espacios neutrales, funcionan —según numerosos estudios citados por el autor— como amplificadores de emociones intensas, en especial la ira y la frustración. Investigaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) indican que las noticias falsas tienen mayor capacidad de viralización que las verdaderas, lo que refuerza climas de polarización y facilita la difusión de teorías conspirativas que brindan explicaciones simples a problemas complejos, desplazando responsabilidades hacia “otros” identificables.

Desde esa perspectiva teórica, el texto avanza luego sobre un episodio institucional ocurrido en Misiones. A mediados de diciembre de 2024 ingresó a la Cámara de Representantes un pedido de juicio político contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Rossana Pía Venchiarutti Sartori. La presentación fue impulsada por el ex titular de la Dirección General de Rentas, Miguel Arturo “Pimpi” Thomas, con patrocinio letrado particular.

De acuerdo con el análisis expuesto, el planteo tuvo origen en un expediente vinculado a un régimen jubilatorio especial que había sido creado durante la gestión del propio Thomas al frente del organismo recaudador y que posteriormente fue eliminado por considerarse oneroso para las finanzas públicas. Tras no obtener una respuesta judicial favorable, el ex funcionario denunció un presunto “retardo de justicia”, atribuyendo responsabilidades a la máxima autoridad del Poder Judicial provincial.

El pedido fue analizado por la Comisión de Juicio Político de la Legislatura misionera, que finalmente resolvió no avanzar con el procedimiento. Según consta en las intervenciones públicas de sus integrantes, no se habrían acreditado los extremos constitucionales necesarios para habilitar un mecanismo que es considerado excepcional. El presidente de la comisión, Alejandro Arnhold, afirmó que el expediente carecía de fundamentos suficientes, mientras que otros legisladores señalaron defectos formales y la imposibilidad de utilizar el juicio político como vía de presión ante decisiones judiciales adversas.

Marchiori interpreta este desenlace como un mensaje institucional claro: los reclamos de naturaleza personal no pueden presentarse como gestas republicanas ni utilizar herramientas extremas del sistema democrático sin sustento probatorio. En ese sentido, sostiene que la fortaleza de las instituciones actúa como un límite frente a intentos de convertir intereses individuales en ofensivas contra el orden institucional.

El texto concluye con una reflexión apoyada en Walter Benjamin y Jorge Luis Borges sobre la memoria como elemento clave para comprender el presente. Olvidar antecedentes —advierte— vuelve a las sociedades más vulnerables a relatos simplificados y operaciones políticas que apelan a la emoción antes que al derecho. En contraposición, una institucionalidad sólida, basada en reglas claras y procedimientos, funciona como barrera frente a privilegios, presiones y atajos que buscan erosionar la confianza pública.

Fuente:
(*) Nicolás Marchiori – artículo de opinión.

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