Argentina arrastra, desde hace décadas, profundas diferencias territoriales que afectan directamente la calidad de vida de millones de personas. La brecha entre regiones se expresa en múltiples dimensiones, pero una de las más visibles es la desigual distribución del ingreso: mientras en la Ciudad de Buenos Aires el promedio por habitante es de los más altos del país, en varias provincias del norte los recursos disponibles son varias veces menores. En la práctica, esto significa que el punto geográfico en el que nace un niño determina, en gran medida, sus oportunidades de acceso a educación, salud, trabajo y infraestructura.

A esto se suma un esquema institucional que complejiza aún más la situación. Aunque Argentina es un país federal, la distribución del gasto y de los recursos tributarios genera tensiones profundas. Las provincias y los municipios deben cubrir casi la mitad de todo el gasto público del país, pero sólo recaudan una porción mínima de los ingresos totales del Estado. La diferencia se compensa a través del sistema de coparticipación, que busca equilibrar lo que cada jurisdicción necesita con lo que efectivamente puede recaudar.

Sin embargo, esa herramienta, que debería sostener el federalismo, terminó convirtiéndose en una fuente de dependencia e inequidades que limitan el desarrollo territorial.

La brecha limita el desarrollo de las provincias

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Un reciente estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado por el economista Nadin Argañaraz, volvió a poner en evidencia las diferencias estructurales que existen entre las provincias en materia de recursos por habitante. De acuerdo con el informe, la distribución de fondos nacionales —principalmente los giros automáticos compuestos por coparticipación, leyes especiales y compensaciones— presenta una marcada disparidad que favorece a jurisdicciones con menor densidad poblacional y bajos niveles de recaudación propia.

Según los datos relevados para 2024, provincias como Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa se ubicaron entre las que más fondos reciben por habitante. La distancia entre la provincia que encabeza la lista y la última del ranking supera el 800%, una brecha que evidencia la falta de un criterio uniforme y actualizado en el reparto de los recursos federales.

El análisis también muestra que, si bien entre 2010 y 2023 hubo un incremento promedio del 19% en los fondos automáticos por habitante, esa tendencia se revirtió en el 2024: la caída real de la recaudación nacional redujo un 12% los envíos a todas las jurisdicciones.

La matemática del desequilibrio que padece Misiones

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Dentro de este mapa desigual, Misiones aparece como una de las provincias más perjudicadas. El estudio del IARAF revela que los ingresos automáticos por habitante muestran para el distrito un deterioro persistente a lo largo de los últimos años.

Entre 2010 y 2024, Misiones sufrió una caída acumulada del 4,2% en los fondos que recibe por habitante. En el Norte Grande, es la provincia que menos recursos automáticos percibe y, en comparación con el resto del NEA, queda muy por debajo de Chaco y Formosa —que registraron aumentos en el período— y también de Corrientes, que tuvo una baja más moderada.

La desigualdad en la distribución se vuelve aún más evidente al comparar los montos totales: Misiones recibe alrededor de $84.000 millones menos por mes que Chaco, pese a que tiene una mayor población y un peso económico más significativo dentro del país. Esta diferencia impacta de manera directa en la prestación de servicios públicos esenciales, en la capacidad de otorgar aumentos salariales y en la ejecución de obras clave, como infraestructura hospitalaria, vial o energética.

En este contexto, el Gobierno de Misiones sostiene que el equilibrio fiscal y el uso eficiente de los recursos son herramientas indispensables para sostener la prestación de servicios básicos, aunque reconoce que sin un sistema más equitativo es imposible resolver las desigualdades estructurales que la provincia arrastra.

La necesidad de una reforma del régimen de coparticipación es un tema pendiente desde 1996, año en el que debía sancionarse un nuevo sistema acorde a lo que establece la Constitución. La falta de actualización afecta a todas las provincias, pero especialmente a las que, como Misiones, reciben menos de lo que necesitan para acompañar su crecimiento demográfico y económico.

La discusión no se trata sólo de números, sino de soberanía y desarrollo. Contar con los recursos que constitucionalmente corresponden es fundamental para garantizar oportunidades reales y mejorar la calidad de vida de quienes habitan en regiones históricamente relegadas.