La diputada nacional Verónica Razzini, integrante del bloque La Libertad Avanza, presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco legal para el ejercicio del derecho de huelga en Argentina. La iniciativa propone requisitos más estrictos para convocar paros, limita ciertas modalidades de protesta y refuerza la obligación de garantizar servicios mínimos en sectores clave.

Un intento de redefinir las reglas del conflicto laboral

Según detalló la legisladora, el objetivo del proyecto es “ordenar el ejercicio del derecho de huelga y evitar que medidas desproporcionadas afecten a terceros”. Para ello, el texto introduce una serie de condiciones formales que los sindicatos deberán cumplir antes de iniciar cualquier medida de fuerza.

Entre los puntos centrales, se establece que solo podrán declarar una huelga las entidades con personería gremial, o en su defecto aquellas que acrediten representar a la mayoría de los trabajadores del sector. Además, la convocatoria deberá realizarse mediante una asamblea o mecanismo estatutario válido, con una anticipación mínima.

Otro de los ejes es la obligatoriedad de emitir un preaviso de siete días hábiles tanto al empleador como a la autoridad laboral, detallando los motivos, el ámbito afectado y el alcance de la protesta. Durante ese período, se abriría una instancia de conciliación obligatoria.

Modalidades prohibidas y sanciones

El proyecto también enumera acciones que quedarían expresamente prohibidas y consideradas “abusivas”, como piquetes, bloqueos, ocupaciones de establecimientos, huelgas sorpresivas o rotativas y quites de colaboración. Para estos casos, se habilita la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias, incluso civiles y penales, a quienes participen o promuevan estas acciones.

En paralelo, la propuesta habilita a los empleadores a descontar salarios durante la duración de la medida de fuerza, aún cuando la huelga se encuentre formalmente reconocida.

Servicios esenciales y sectores estratégicos

Razzini introduce además criterios más exigentes para los servicios considerados esenciales, como salud, seguridad, energía o transporte. En estos casos, el proyecto obliga a mantener un 75% de actividad durante la huelga, mientras que en sectores catalogados como “trascendentales” —entre ellos educación, telecomunicaciones y justicia— deberá asegurarse al menos un 50%.

La diputada sostiene que estas pautas buscan evitar interrupciones totales que afecten a la población y garantizar un funcionamiento básico mientras se desarrolla el conflicto.

Repercusiones y debate político

La iniciativa se suma a una serie de discusiones recientes sobre reformas laborales y generó inmediatamente reacciones en el ámbito sindical y jurídico. Diversos especialistas advierten que las condiciones propuestas podrían restringir significativamente la capacidad de los trabajadores para ejercer su derecho constitucional a la protesta. Otros consideran que el proyecto podría abrir un nuevo escenario de judicialización en los conflictos laborales.

Desde el oficialismo, en cambio, aseguran que la regulación busca “dar previsibilidad” y alinear la legislación local con estándares internacionales vinculados al equilibrio entre la protesta y la prestación de servicios básicos.

Un debate que recién comienza

El proyecto será analizado en comisiones en las próximas semanas y se espera que genere un fuerte intercambio entre distintos sectores políticos, gremiales y empresariales. De avanzar, la iniciativa marcaría uno de los cambios más profundos en materia de derechos laborales desde el retorno de la democracia.