El sector yerbatero ha tomado una decisión drástica que pone en jaque el inicio de la zafra. Tras una asamblea multitudinaria que reunió a colonos de diversos puntos de la provincia, los productores decretaron el cese total de la cosecha por tiempo indeterminado. El motivo principal es la falta de un precio de referencia para la hoja verde, situación que —denuncian— los deja desprotegidos frente a las condiciones que impone la industria.

​La medida de fuerza no solo paraliza las tareas en los yerbales, sino que también funciona como un fuerte mensaje político. Los productores exigen la restitución inmediata de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que históricamente arbitraba los valores del mercado y que hoy se encuentra debilitado tras las medidas nacionales de desregulación económica.

​El malestar de los productores apunta a que, sin un "precio oficial", el pequeño agricultor pierde capacidad de negociación, quedando a merced de lo que los molinos decidan pagar. En este sentido, la asamblea solicitó al Gobierno Provincial que interceda ante la Nación para que el INYM recupere su rol activo en la fijación de valores y en el ordenamiento de la oferta y demanda.

​Un punto clave en el conflicto es la existencia de una resolución judicial que respalda la potestad del Instituto para intervenir. Los productores sostienen que esa herramienta legal debe ser ejecutada con firmeza para evitar que el sector caiga en una crisis de rentabilidad que afecte a toda la cadena productiva.

​La conducción del INYM también recibió críticas durante el encuentro por lo que consideran una "falta de respuestas concretas". Hasta que no aparezca una solución política que garantice previsibilidad y un valor justo por kilo de hoja verde, la tijera de cosecha permanecerá guardada. El sector advierte que la unidad es total y que la medida de fuerza solo se levantará con definiciones oficiales en la mano.