En un escenario donde el bolsillo de los argentinos ya no aguanta más, la petrolera estatal YPF se vio obligada a anunciar un congelamiento de precios por 45 días. Lo que desde los despachos oficiales intentan vender como un "alivio", es en realidad la respuesta desesperada a una realidad innegable: la gente dejó de cargar combustible.

​La decisión, confirmada por el CEO de la compañía, Horacio Marín, surge tras meses de aumentos asfixiantes que hundieron el consumo. En varias provincias, la caída de ventas alcanzó los dos dígitos, demostrando que la política de "precios internacionales" del Gobierno Nacional chocó de frente con la pérdida del poder adquisitivo de la clase media y los sectores productivos. 

​Aunque el anuncio busca calmar las aguas, la letra chica deja al descubierto que la tregua es frágil. El Gobierno solo garantiza estabilidad en el componente del crudo, pero se reserva el derecho de seguir castigando a los usuarios con:

• ​Impuestos al acecho: El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) no entran en este "congelamiento". Es decir, el Estado puede seguir recaudando a costa del surtidor.
• ​La amenaza del dólar: Cualquier movimiento en el tipo de cambio oficial invalidaría el compromiso, dejando a los conductores nuevamente a la deriva.

​A pesar de que el barril de petróleo Brent superó los 100 dólares por el conflicto en Medio Oriente, YPF no pudo trasladar el costo por una razón técnica y cruda: la elasticidad de la demanda. El mercado le envió un mensaje claro al Ejecutivo: no hay más margen para el ajuste.

​Mientras el Gobierno Nacional intenta hacer equilibrio entre sus metas de recaudación y una inflación que no da tregua, los usuarios miran con desconfianza una medida que parece tener más de marketing político que de solución económica de fondo. Por ahora, el precio se queda quieto, pero el malestar social sigue en aumento.